Derechos Humanos: ¿A quién le va peor?

El informe sobre Derechos Humanos en Venezuela, preocupante y todo, gotea mucha menos sangre que los que suelen hacerse sobre Colombia.

Luego de leer el reciente informe de Human Rights Watch sobre la situación de Derechos Humanos en Venezuela durante el gobierno de Chávez –a raíz del cual fue expulsado José Miguel Vivanco de este país- , uno concluye que la democracia y las libertades fundamentales no pasan por su mejor momento entre nuestros vecinos. Libertad de prensa, independencia entre los poderes, derecho de asociación, libre oposición, son todas cuestiones que el gobierno de Chávez sistemáticamente amenaza e, incluso, limita.

Sin embargo, como colombiano me llama la atención cierta peculiaridad de ese informe. Y es que pese a las duras condiciones para el ejercicio de las libertades en Venezuela, ese informe ¡gotea muchísima menos sangre y cuenta muchos menos muertos que los informes de derechos humanos sobre Colombia!

No aparecen en el informe sobre Venezuela masacres, fosas comunes con 200 cadáveres, ejecuciones extrajudiciales, patrullajes conjuntos de militares con bandas de asesinos, falsos positivos, amenazas de muerte contra defensores de derechos humanos, asesinatos de sindicalistas o lideres sociales, etc.

Las palabras que más resaltan y abundan en el informe sobre Venezuela son: “intimidación”, “censura”, “discriminación”, “antidemocracia”. Y no las del tipo: “asesinato”, “tortura”, “vinculado” (con paramilitar o mafioso), “desaparición forzada”, “crimen”, etc.

Esto no quiere decir que la situación política de Venezuela esté bien o que no haya motivos para protestar frente a un gobierno tan antidemocrático como el de Chávez. Lo que sí quiere decir es que, en materia de derechos humanos, en el mundo hay países que están peor, ¡mucho peor! Y Colombia entre ellos.

VIVIENDO EN LA GUERRA FRÍA

El actual conflicto diplomático colombo-venezolano parece una reedición de la Guerra Fría, con “lacayos imperialistas” enfrentados” a “terroristas marxistas” auspiciados por un Estado que intenta resucitar el viejo comunismo del siglo pasado.

La Guerra Fría, aquella confrontación global entre comunismo y capitalismo, finalizo en 1989 con la desintegración de la Unión Soviética y el derrumbe del bloque comunista. Sin embargo, la actual crisis diplomática entre Colombia y Venezuela parece evidenciar que en esta parte del mundo las viejas formas de plantear los conflictos y los antiguos esquemas mentales propios de la confrontación entre el comunismo y el capitalismo siguen teniendo fuerza. Esta crisis presenta todas las características de aquellos conflictos típicos de la Guerra Fría: un Estado, aliado de uno de los bloques de poder, acusa a otro Estado, aliado a su vez del bloque opuesto, de auxiliar a una guerrilla interna que intenta derrocarlo.

Pero si el actual conflicto colombo-venezolano recuerda la Guerra Fría es por algo más que una mera casualidad histórica. La semejanza obedece, más bien, a que los procesos políticos internos tanto de Colombia como de Venezuela aún continúan enmarcados dentro de la dinámica de la Guerra Fría. Los rumbos políticos tomados por estos dos países durante aproximadamente la ultima década los han llevado a reconstruir en sus escenarios internos modelos políticos basados en concepciones dominantes durante la Guerra Fría. En el caso venezolano esto es patente: el proyecto del “socialismo siglo XXI” de Hugo Chávez no es más que una reedición del viejo comunismo autoritario y antidemocrático del siglo XX. En el caso colombiano la cuestión no es tan evidente dado el pluralismo democrático del país; sin embargo, es claro que la fuerza política dominante, el llamado uribismo, es un proyecto político que basa su propuesta esencial, la llamada Seguridad Democrática, en formas de ver el conflicto bastante análogas a las de la vieja Doctrina de la Seguridad Nacional: existe un enemigo interno que ampara sus operaciones de desestabilización en instituciones legales (sindicatos, intelectuales, instituciones defensoras de los derechos humanos, la prensa). Esta reformulación de la Doctrina de Seguridad Nacional es en buen parte una respuesta de los sectores más conservadores de la sociedad colombiana a la pervivencia de una guerrilla típica de los días de la Guerra Fría.

De este modo, tanto Venezuela como Colombia aún viven internamente procesos característicos de la Guerra Fría: si en Venezuela se intenta resucitar el cadáver del comunismo, en Colombia aún no hemos logrado superar un conflicto interno propio de aquella época y, al contrario, el gobierno de turno parece enfrentar el problema reformulando una ideología propia también de aquella época. La ideología anti-comunista (que ve conspiradores comunistas, ahora se diría terroristas, en todo lado), el macartysmo, la visión de que la criticas de la oposición son connivencias con la guerrilla, la poca receptividad hacia los cuestionamientos hechos por defensores de derechos humanos a quienes se ve como defensores (“idiotas útiles”) del terrorismo, la poca voluntad para develar las estrechas alianzas de agentes estatales con grupos ilegales que dicen combatir a la guerrillas, etc., todas estas son posiciones que el actual bloque de gobierno promueve y que tuvieron una formulación original en la Doctrina de Seguridad Nacional. El uribismo, al igual que las FARC, vive ideológicamente anclado en otra época.

Pero estos procesos internos de Venezuela y Colombia han terminado por chocar en el plano externo dada la evidente afinidad ideológica (y al parecer apoyo expreso) del “proyecto bolivariano” de Chávez con las FARC. Esta organización es la chispa que ha hecho colisionar los polos opuestos del “comunismo bolivariano” venezolano y la derecha retardataria que hoy gobierna Colombia. El escenario de un típico conflicto de Guerra Fría se completa con la influencia norteamericana en la región: respaldando el proyecto político del uribismo y buscando contrapesar la rueda suelta en la estabilidad regional que representa el chavismo.

Que tal escenario perviva en Latinoamérica es una muestra de las grandes dificultades que enfrenta nuestra región para construir sociedades progresistas en las que la democracia y el bienestar socioeconómico vayan de la mano. La tenaz persistencia con que sectores tradicionalmente privilegiados le ponen cortapisas al avance de la equidad social lleva a popularizar entre las gentes del común soluciones desesperadas (autoritarias y antidemocráticas) como el chavismo. Del mismo modo, en el caso colombiano, la tradicional falta de compromiso por parte de los sectores dominantes para resolver los graves problemas de derechos humanos ha llevado a que el grueso de la población esté poco consciente de los valores básicos de una democracia y sea, por el contrario, terreno fértil para legitimar un proyecto político bastante despectivo con esos mismos valores democráticos.

En síntesis: Colombia y Venezuela están hoy reeditando un conflicto propio de la Guerra Fría debido a que en estas naciones (como en la mayor parte de América Latina) sobreviven las condiciones sociales y políticas de las que se alimentaban esos conflictos. Es inevitable que Estados limítrofes que albergan en su interior problemas típicos de la Guerra Fría y que afrontan esos problemas con los modelos ideológicos y políticos de aquella época terminen enfrentándose: así como un vecino comunista era intolerable para un Estado capitalista (y viceversa), también un vecino “bolivariano” es intolerable para un Estado “aliado del imperio” (y viceversa). Mientras Colombia siga siendo un Estado tan influido por Washintong, que aplica en su interior una versión actualizada de la Doctrina de Seguridad Nacional y que no logra resolver su conflicto interno, y Venezuela siga siendo la “Republica Bolivariana” que se autoproclama adalid “antiimperialista”, el conflicto será inevitable. Es inevitable que dos Estados que configuran sus órdenes internos en formas tan diametralmente opuestas y con relaciones internacionales tan diversas no terminen por chocar. El “proyecto uribista” y el “proyecto chavista” chocaran siempre, a veces hasta niveles peligrosos como los actuales, mientras estén uno al lado del otro.

De alguna forma, en el actual conflicto diplomático la confrontación vuelve a ser entre capitalismo y comunismo (aunque con nuevos nombres) con la democracia perdiendo por igual en los dos modelos bajo la justificación común de la lucha contra el enemigo: los “lacayos imperialistas” de allá y los “terroristas” de acá.

¿Por Cual Camino Pasa la Marcha? (Segunda Parte)

Luego de la marcha del 4 de febrero los colombianos quedaron embargados por un fuerte sentimiento de Unidad. El país, la mayoría de él -hasta los que no concurrieron a marchar pero se solidarizaron con la movilización- se siente vinculado a un propósito común; siente que por fin ha sucedido algo que hacia rato tenía que suceder: despertamos todos al tiempo para vibrar al unísono. Por fin hemos superado las divisiones y se ha alcanzado una especie de “acuerdo sobre lo fundamental”: “no a las FARC”…El que no se una a esta fiesta colectiva es porque ¡algo muy raro debe tener!

Sin embargo, uno puede preguntarse: ¿qué tan valiosa es esta unidad? ¿qué tan positivo es ese sentimiento colectivo de que toda la nación esta de acuerdo sobre algo? ¿qué tanto nos permite avanzar en la solución de los conflictos que hoy vivimos? ¿hacia donde nos lleva?: ¿hacia la salida al conflicto armado? ¿hacia la liberación de los secuestrados? Esta unidad, este sentimiento: ¿nos abre la mente a los colombianos para crear o encontrar caminos de paz? o, más bien, ¿se trata de una masiva voz afirmando que las cosas van bien del modo que van, que el manejo que se le ha venido dando tanto al conflicto como al tema de los secuestrados es el más indicado?

Corrientemente la unidad entre las personas es alabada. Cuando hay unión parece que todos tendemos al mismo objetivo y la unidad de esfuerzos nos permite lograr más fácilmente el propósito común. La unidad permite avanzar más que la división. Sin embargo, si piensa detenidamente, más importante que la unidad de fines y objetivos, es la habilidad para elegir los medios más indicados para lograrlos. El asunto importante, y hasta delicado, no es tanto que todos tengan la misma meta sino si los que la tienen, pocos o muchos, tienen también los medios adecuados para lograrla.

En Colombia se hace mucho énfasis en las metas que nos deberían unir, pero sin embargo marginamos (preferimos olvidar) las discusiones sobre los medios para lograrlas. Todos queremos la paz pero no reflexionamos mucho sobre los medios para lograrla; estamos de acuerdo en decir “no a las FARC” pero poco discutimos sobre los caminos para derrotarlas; queremos la libertad de los secuestrados pero no discutimos muchas propuestas para conseguirla, etc., etc. Nos gustan mucho las consignas abstractas, que expresan propósitos comunes, pero hacemos a un lado la discusión sobre los mecanismos concretos para implementarlos.

Lo que sucede es que discutir sobre medios para lograr fines puede ser bastante incomodo de enfrentar. Con las metas y propósitos comunes no pasa lo mismo: todos podemos declararnos fácilmente a favor de las causas nobles: de la justicia y la libertad, por ejemplo. Pero la cuestión se puede complicar cuando nos preguntan sobre los medios para hacer realidad “la justicia” o implementar “la libertad”. Muchas personas pueden ser partidarias de métodos y medios impopulares de lograr esas cosas. Por eso las dictaduras no hablan de los medios sino de grandes ideales (libertad, independencia, la patria). No dicen: “vamos a coartar las libertades, perseguir a los opositores, torturar a los disidentes y encarcelar a los críticos”. Dicen en cambio: “restauramos la justicia, protegemos la libertad, gobernamos por el bien de la patria”. Predicar un ideal común que todos aman es fácil, defender abiertamente los medios en que se cree puede, para muchos, ser bien enojoso.

Sin embargo, pese a esto, cuando una sociedad (o la opinión pública mayoritaria) está unida en torno a un propósito común (decir “no a las FARC”, por ejemplo), aunque haya creído ahorrarse la discusión y elección de los medios para lograrlo (confrontación militar o dialogo, por ejemplo), en realidad ya lo ha hecho: los propósitos comunes sólo son medios, instrumentos, que no queremos ver como tales y preferimos ver como causas nobles o grandes ideales. Las personas no suelen ver, por ejemplo, una guerra como un medio para lograr algo (dominio, riqueza, petróleo, o lo que sea) sino como una “lucha por la libertad”; no ven una alianza política como un instrumento para obtener algo (el poder, digamos) sino como “el logro de la unidad nacional”. La política suele funcionar gracias a esta voluntad de autoengaño.

Así, cuando simplemente creemos (y queremos) decir “no a las FARC” y nos sentimos unidos en una noble causa (decir “no a las FARC” es sinónimo de “amor por la libertad” y significa rechazo a quienes la niegan), en realidad estamos aceptando determinados medios para decir no a las FARC…Estamos eligiendo un especifico camino para enfrentarlas. Y preferimos autoengañarnos porque a nadie le gusta reconocer abiertamente y sin tapujos “!sí, estoy de acuerdo con los medios de la guerra para derrotar a la guerrilla!”, “!sí, prefiero sacrificar a los secuestrados que rendirse a las peticiones de las FARC!”, “!sí, prefiero que ellos mueran a dar temporalmente un milímetro de despeje”. Por eso se prefieren los enunciados abstractos, neutrales (“no a las FARC”): porque parecen más puros, no comprometidos, sin implicaciones concretas problemáticas, en fin, sin problemas para la conciencia.

La marcha del 4 de febrero se planteo en estos términos: no se quería hablar de acuerdo humanitario, de despeje, del camino de la guerra o del dialogo. No se quería hablar de propuestas concretas, sólo del gran ideal: “¡si a la libertad!”. Por eso recibió el apoyo de los medios, de los empresarios que facilitaron a sus empleados asistir, del Estado que puso a sus funcionarios a marchar. No se hablaba del camino por el cual avanza el conflicto colombiano, no se discutía cómo traer a los secuestrados -cuya libertad se dice desear- de vuelta. No quedaba en cuestión, en interrogante, la política actual del gobierno sobre el tema de los secuestrados.

En cambio, quienes proponen el intercambio humanitario, incluso si implica el despeje de territorio, defienden una propuesta concreta, apuestan por un camino concreto de liberación: creen en un ideal y ponen sobre la mesa las cartas para realizarlo. Quienes se les oponen, aquellos que creen que despejar es “entregarle el país a la guerrilla”, cuando se les pregunta por la libertad de los secuestrados dicen “sí a la libertad, pero…”, “sí nos interesan los secuestrados, pero…” Y esos “peros” son la negación de todos sus “sí”.

A los colombianos hay que empezar a exigirles compromisos concretos con medios y mecanismo: ¿o quieren la guerra o quieren la paz? o mejor formulado: ¿o buscan (inconcientemente) la guerra o buscan (conciente y activamente) la paz? ¿O trabajan para regresar a los secuestrados o siguen como van? Propuesta concretas, no más legitimaciones tacitas del camino que hasta ahora llevamos.,

¡Ni Un Milímetro…! (Primera Parte)

Los colombianos cada día se acostumbran más a la idea de que la responsabilidad por la liberación de los secuestrados compete solamente a las FARC. Nos estamos enseñando a que el camino para obtener la libertad de los secuestrados depende de que las FARC reconozcan el repudio generalizado a sus acciones y entreguen voluntariamente a los secuestrados. Nos estamos acostumbrando a que lo máximo que se puede hacer desde aquí, desde la libertad, por quienes están allá en la selva privados de ella, es rechazar a las FARC y reclamarles, exigirles, la “liberación inmediata y sin condiciones” de los secuestrados. No estamos haciendo a la idea, en fin, de que toda responsabilidad por la libertad de los secuestrados depende de la voluntad de las FARC y estamos pensando que esa voluntad (forrada en plomo al parecer) puede ser siquiera rozada por nuestras exigencias por más vehementes que sean.

Pero la verdad es que adoptar estas ideas es no darse cuenta que para traer los secuestrados de regreso se necesita que quienes estamos afuera adoptemos una posición más activa. El problema no es sólo de rechazar a las FARC sino de desarrollar mecanismos concretos mediante los cuales las FARC liberen a los secuestrados. Se necesitan más acciones, más propuestas sobre cómo hacerlo, más iniciativas acerca de que medios emplear para obtener su libertad. Se trata, más bien, de ponerse en contacto con las FARC, hacerles propuestas e implementar mecanismos para la liberación. En pocas palabras hay que negociar.

Talvez esta estrategia de negociar con las FARC no goce de la simpatía de quienes prefieren aferrarse a un rechazo emocional de aquellos que ven como terroristas o como asesinos, pero hay que darse cuenta de que esta actitud de simple repudio sólo es útil para la conciencia de quienes afortunadamente disfrutan de la libertad pero no para los secuestrados. Nuestro odio y repudio a las FARC pueden crecer y manifestarse públicamente de mil maneras (incluidas multitudinarias marchas) pero eso sólo sirve para reafirmar ese mismo odio y amplificarlo en un sentimiento colectivo que a lo mejor nos hará sentir satisfechos en el plano individual pero que no nos acerca ni un milímetro a la libertad de los secuestrados. Si no se hace algo, sino se implementa un plan o propuesta para traerlos de regreso, todo ese rechazo visceral a las FARC, justificado pero inútil, solo habrá sido útil para quienes hoy lo explotan políticamente.

Hay quienes piensan que negociar la liberación de los secuestrados es entregarle el país a las FARC, es rendirse. Pero pensar eso es lo mismo que pensar que quien paga un rescate para salvar a un familiar secuestrado esta rindiendo el país a las FARC o es un financiador del terrorismo. Todos y cada uno de quienes hoy se oponen rotundamente a la opción de negociar con las FARC, de tener los medios económicos para hacerlo, pagarían gustosos el rescate que les pidieran con tal de salvar a un ser amado. Y es que en todo esto de los secuestrados existe una gran insensibilidad frente al dolor ajeno (la gente se moviliza más por el odio a las FARC que por el retorno efectivo de los secuestrados), una gran incapacidad para ponerse en el lugar del otro: décadas de guerra y sufrimiento, para una inmensa mayoría sólo vistos por televisión, han incubado en nosotros odio por los victimarios (que en algún momento podrían llegar a ser también nuestros victimarios directos) pero nos han inmunizado frente al dolor (y soledad) de las victimas y sus familias.

Las razones que se dan habitualmente para no negociar: “la dignidad y seguridad de la patria”, “la patria que estaba entregada a los bandidos”, “los milímetros” que no se ceden ante el enemigo, son solo justificaciones grandilocuentes para justificar como causa nacional lo que no es más que insensibilidad ante las victimas del conflicto en nuestro país. Frases inmensas para decorar conductas mezquinas basadas por igual en el odio y la indiferencia.

La Gran Marcha del 4 de febrero no fue organizada por el gobierno y quienes la promovieron mantuvieron su autonomía en el mensaje que pretendían dar. Pero esa movilización sí fue el gran escenario de consolidación de la estrategia de la pasividad: tirarle el balón de la liberación a las FARC y dejar la cuestión de la liberación es sus manos. Por eso el establishmenth (medios, gremios, coalición de gobierno) apoyo de tal manera una anónima iniciativa nacida en facebook y que por si sola no hubiese tenido mayor fuerza: la marcha no se comprometía con un camino específico para liberar a los secuestrados, no discutía si era mejor el acuerdo humanitario o la zona de encuentro, si había que despejar o no; la marcha se limitaba a decir “no a las FARC”, algo que se acomoda muy bien a la actitud del gobierno frente al tema de los secuestrados: librar cualquier responsabilidad en las posibilidades para su liberación y cargar esa responsabilidad en manos de las FARC.

Tras esta marcha los colombianos se sienten más unidos que nunca contra las FARC. Pero, por otro lado, se confirmo lo lejanos que están de se capaces de proponer, de comprometerse con una propuesta activa para la liberación…Lo lejanos que están tender caminos desde la libertad hacia la selva en que se deterioran los secuestrados. Lo lejanos que están de comprender que un milímetro de terreno puede representar todo un mundo de libertad para quienes hoy no la tienen.

MONCAYO EN LA PLAZA DE BOLIVAR

Nada bien le ha caído al gobierno el anuncio del profesor Moncayo de que a su llegada se instalara en la Plaza de Bolívar hasta tanto se concrete un acuerdo humanitario. La “República Independiente de la Libertad” la ha llamado el propio profesor Moncayo.

Claro esta que al gobierno no podía gustarle tal idea. El Ministro del Interior se ha apresurado a deslizar algunas descalificaciones disimuladas sobre el propósito del profesor: que es una acción de hecho que no entona con el carácter pacifico de su larga marcha, que se presta a su utilización política en época preelectoral, que ese no es el camino, etc., etc.

Sin embargo, lo que en verdad debe disgustarle al gobierno es que verá erigirse casi ante las puertas de Palacio un gran símbolo de la opción por un acuerdo humanitario. El profesor Moncayo instalado indefinidamente en ese punto, con cobertura de los medios día a día, se convertirá sin duda en un polo atractor de opinión ciudadana hacia esa vía que el gobierno tercamente insiste en negar. La “república independiente de la libertad” podría ser el aglutinante que poco a poco concite un apoyo ciudadano necesariamente incomodo para el Presidente y su opción de no ceder “ni un milímetro”.

El campamento de Moncayo en la Plaza de Bolívar podría también ejercer una función pedagógica al enseñarle mejor a millones de colombianos que quiere decir exactamente eso del “acuerdo humanitario”. Los colombianos promedio rechazan tajantemente a las FARC y su practica del secuestro, pero –como mostraron las marchas nacionales de hace unas semanas- no existe mucha claridad sobre que caminos existen para lograr la liberación de los secuestrados. La “república independiente” trazará mejor las diferencias entre, de un lado, sencillamente limitarse a exigir la libertad de los secuestrados y, de otro, promover activamente caminos concretos para que esa exigencia avance del deseo a la realidad.

Esto es precisamente lo que disgusta al gobierno. Un profesor Moncayo instalado en la Plaza de Bolívar evidenciara día a día que quedarse en exigir a las FARC la liberación de los secuestrados es una estrategia pasiva, irreal, sin fundamento. Las FARC –como sabemos los colombianos- no se sensibilizaran por eso, ni por diez mil marchas de 40 millones de personas. Hay que hacer algo. El plantón de Moncayo mostrará que la opción del gobierno equivale a, precisamente, no hacer nada, q basar el regreso de los secuestrados en que “se le mueva el corazón al «mono Jojoy»”.

El Ministro Holguín advierte que la iniciativa de Moncayo se puede politizar. Tal vez así suceda, pero no en el sentido (politiquero) que sugiere el Ministro. Tal vez –y eso es lo que preocupa al gobierno- la instalación del profesor en la Plaza de Bolívar convierta el acuerdo humanitario en una iniciativa política ciudadana, es decir, en un gran clamor ciudadano manifestando que hay que hacer algo, hay que diseñar estrategias, crear mecanismos, idear metodologías, que trabajen por la liberación de los secuestrados.

La gran enseñanza de este profesor y su larga marcha es que, desafortunadamente, los secuestrados no volverán si dejamos todo librado a la voluntad de las FARC, que si van a volver será por lo que hagamos quienes hoy estamos en libertad.

¡TODO PARA LOS VICTIMARIOS!

Aún no esta claro que es lo que buscan los paramilitares presionando para que se les aplique el delito de sedición. Lo más probable es que el ser asimilados a autores de un delito político les reporte alguna clase de beneficio: seguramente una todavía más sustancial disminución del tiempo que pasaran en la cárcel o una base legal para su futura participación en política.

Sin embargo, lo preocupante en este asunto no es tanto que los paramilitares busquen caminos para eludir responsabilidades y salir incólumes de cualquier tipo de castigo judicial. Eso es apenas obvio. Lo verdaderamente preocupante –y repudiable- es que el gobierno, con el presidente a la cabeza, se muestre tan afanado por seguirles el juego; y que, con tanto vigor, lidere personalmente una campaña para hacer realidad los propósitos “paras”.

Un Presidente que se ha mostrado tan cerrado al acuerdo humanitario, que ha hecho oídos sordos hacia las familias de los secuestrados, que ha negado cualquier tipo de despeje de territorio o cualquier iniciativa legal para facilitar la liberación de los secuestrados; un Presidente así, asume ahora el liderazgo para asacar adelante una ley cortada a la justa medida de lo que quieren los paramilitares. ¡Nada para las victimas o sus familias, todo para los victimarios!

El pretexto es la paz. Pero el precio que los “paras” están cobrando por “desmovilizarse” es la total impunidad. Pero esta paz no es más que el silencio y el olvido para las victimas. No es el sometimiento a la justicia sino el sometimiento de la justicia: sometimiento voluntario, promovido desde las más altas esferas estatales.

Es vergonzoso que el Presidente de la República se convierta en el adalid del gran sueño de los “paras”: “dejar las armas” y volver tranquilos a sus fincas a disfrutar del botín de la guerra (y del narcotráfico). Es vergonzoso que mientras anuncia no despejar “ni un milímetro” para que los secuestrados (la mayoría de los cuales fueron secuestrados mientras le servían al país) puedan volver, al mismo tiempo intenta despejar la justicia y las leyes para que los hombres de las motosierras, las masacres y las fosas comunes puedan quedar en la impunidad.

Que los “paras” busquen esto es apenas normal; que se lo queramos dar, y con tanto ahínco como el mostrado por el Presidente, eso es lo que está mal.

El Presidente (y el gobierno) no debería anunciar que liderará la búsqueda de un consenso nacional para sacar adelante algo con un objetivo tan oscuro; no debería dedicar los esfuerzos institucionales a “pordebajiar” la justicia ante los paramilitares; no debería chocar con las altas Cortes en la defensa de algo tan repudiable. El Presidente (y el gobierno) debería(n) dedicar sus esfuerzos a conseguir lo que prometieron y es su obligación: paz, justicia y reparación.

¿UN NUEVO PALACIO DE JUSTICIA?

En eso parece que se va aconvertir el caso de los diputados del Valle asesinados. Como en el palacio de Justicia -y como todo en este país- lo más seguro es que tengan pasar muchos años para que sepamos la verdad de lo que paso. La reciente version del DAS -de un supuesto fuego cruzado- parece una ya muy habitual "verdad prefabricada": una de esas "verdades" que tan bien hacen quedar al gobierno de turno, de esas que parecen tan endebles y acomodadas a la fuerza, pero que al final o nos tragamos o no nos importa mucho. ¡Da pena que los colombianos nos conformemos con tan poco!¡Da pena que tantos colombianos (¡millones!) apoyen tan energicamente a fuerzas políticas de proceder tan dudoso, de justificaciones tan debiles y de argumentaciones tan sospechosas!

Que el director del DAS haya renunciado días antes del anuncio no puede sino despertar más sopechas: ¿será que un hombre que dio tantas pruebas de honestidad en la direccion del DAS no aguanto no serle fiel al proceder transparente que lo ha caracterizado? ¿será que las fuerzas que infiltraron al DAS aún tienen peso decisorio sobre la institucion?